Contenidos
Casos de responsabilidad penal de las empresas
Los directores y la responsabilidad penalEsta Nota Práctica describe los delitos penales que son de mayor relevancia para los directores de empresas, y:Los delitos cubiertos por esta Nota Práctica son castigados con multa o prisión, o ambos, como se especifica a continuación. Tenga en cuenta que será necesaria una suscripción a Lexis®PSL Corporate Crime para ver algunas de las Notas Prácticas a las que se hace referencia en este documento.Mientras que las multas impuestas por un tribunal de magistrados (es decir, en condena sumaria) por delitos cometidos en Inglaterra y Gales antes del 12 de marzo de 2012 están sujetas a un límite (5.000 libras), no hay ningún límite en las multas impuestas por un Tribunal de la Corona (es decir, en acusación). Tenga en cuenta que para los delitos cometidos en Inglaterra y Gales a partir del 12 de marzo de 2015, no existe un límite máximo para la multa que puede imponer el tribunal de primera instancia.Las leyes prevén penas máximas de prisión (por ejemplo, diez años por fraude). Este no es el caso de los delitos de derecho común como el homicidio y la estafa a la hacienda pública (donde la pena máxima es la cadena perpetua).La sentencia real impuesta depende en parte de las directrices de sentencia aplicables. Véase, por ejemplo, la Nota Práctica: Sentencias por delitos de fraude cometidos por
¿Puede una empresa ser considerada responsable penalmente?
Los sistemas de responsabilidad empresarial mal diseñados o inexistentes pueden imposibilitar la aplicación de las leyes de forma eficaz y dar lugar a profundas injusticias para las personas o entidades que buscan responsabilidad y reparación de las infracciones[2].
Normalmente, las empresas son consideradas responsables cuando los actos y omisiones, así como el conocimiento y la intención de sus empleados o socios comerciales, pueden atribuirse a la corporación. Pero, de nuevo, los países adoptan una gran variedad de enfoques para esta atribución. Éstos varían desde el enfoque global de la responsabilidad objetiva hasta los que examinan la cultura corporativa y los sistemas de gestión de la entidad para determinar si éstos ignoraron, toleraron o fomentaron la actividad delictiva[1].
Según este criterio, sólo pueden atribuirse a la empresa los “actos de una persona de alto nivel que represente la “mente y voluntad de control” de la empresa”[3]. Este enfoque tiene sus raíces en el derecho inglés. En un caso fundamental, Tesco Supermarkets Ltd contra Nattrass [1972] AC 153, la Cámara de los Lores consideró que el gerente de una tienda no formaba parte de la “mente directiva” de la empresa y, por tanto, su conducta no era atribuible a la empresa.
Responsabilidad civil y penal de la empresa
¿Puede ser procesado un compliance officer cuando la organización que lo emplea ha cometido un delito reglamentario? ¿Y qué pasa con un responsable de salud y seguridad cuando la organización ha infringido la legislación en materia de salud y seguridad: puede ser procesado? En esta sesión informativa, Sinéad Reilly explora la respuesta a estas preguntas, con referencia a una reciente decisión del Tribunal Supremo: DPP contra TN.
¿Puede un responsable de cumplimiento ser procesado cuando la organización que lo emplea ha cometido un delito reglamentario? ¿Y qué pasa con un director de salud y seguridad cuando la organización ha infringido la ley de salud y seguridad, puede ser procesado?
En la legislación irlandesa hay muchos ejemplos de leyes que imponen responsabilidad penal a los directores, secretarios, gerentes u otros funcionarios similares cuando una persona jurídica comete un delito y se demuestra que lo ha hecho con su consentimiento o connivencia, o que es atribuible a una negligencia por su parte.
La finalidad de este tipo de disposiciones penales es clara: se trata de imponer la responsabilidad personal de los directores, secretarios, gerentes, funcionarios -es decir, seres humanos reales- cuando una acción u omisión por su parte ha influido directamente en la comisión de un delito por parte de la empresa.
Responsabilidad de las empresas por delitos económicos
La norma general para atribuir la responsabilidad a las empresas en el derecho penal inglés y galés es el “principio de identificación”. Éste establece que, cuando se requiere un estado mental concreto, sólo se pueden atribuir a la empresa los actos de una persona de alto nivel que represente la “mente y voluntad de control” de la empresa. En la práctica, esto se limita a un pequeño número de directores y altos cargos.
Existen algunas excepciones a este principio, como los “delitos reglamentarios” y los delitos de responsabilidad objetiva, en los que no se requiere un estado mental determinado (aunque en este último caso, sigue planteándose la cuestión de quién debe responder de los actos de la empresa). Además, el Parlamento ha creado algunos delitos específicos que tratan de evitar los problemas asociados al principio de identificación penalizando la “omisión de prevención” de otros delitos, como el soborno o la evasión fiscal. El delito de homicidio de empresa se introdujo en 2007 para proporcionar una base más amplia sobre la que atribuir la responsabilidad penal a una empresa por las muertes resultantes de la negligencia.