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1.La República del Paraguay, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, presenta al Comité de Derechos Humanos (el Comité) su cuarto informe periódico, de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto).
2.En este sentido, el Paraguay ha establecido un mecanismo de trabajo con las instituciones del Estado para responder a la lista de cuestiones que le ha remitido el Comité. Para ello, ha utilizado su sistema de monitoreo de recomendaciones de derechos humanos en línea (SIMORE), que permite un mejor monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos. Esta herramienta, desarrollada en el marco de un proyecto de cooperación entre Paraguay y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es considerada una buena práctica.
3.El informe fue discutido en un taller realizado el 5 de febrero de 2018 en el marco del esfuerzo por promover un diálogo constructivo e interactivo con representantes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de organizaciones no gubernamentales.
TRES FRONTERAS, UNA GUERRA Y LA GENERACIÓN TIKTOK
En un paso adelante para la justicia global, el parlamento paraguayo ha aprobado el proyecto de ley de implementación de la Corte Penal Internacional (CPI). Al incorporar los crímenes del Estatuto de Roma, así como las disposiciones sobre la cooperación y los principios de la CPI, dentro de la legislación nacional, Paraguay está demostrando su compromiso con la justicia para los crímenes atroces y con el fortalecimiento del Estado de Derecho.El proyecto de ley fue aprobado el 16 de agosto de 2017 tras un largo proceso en ambas cámaras del Parlamento, y recibió importantes aportaciones de la sociedad civil. Bajo el liderazgo del Capítulo Paraguayo de Amnistía Internacional, así como de su Secretaría Internacional, en los últimos 12 años ONG como Parlamentarios para la Acción Global (PGA) y la Coalición para la Secretaría Internacional de la CPI han trabajado incansablemente en este tema.
“Con esta puesta en marcha, nos unimos a la comunidad internacional que persiste en sus intentos de procesar a los individuos responsables de cometer crímenes internacionales, a saber, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y, tras la activación, el crimen de agresión”, dijo el Dip. Juan Félix Bogado Tatter, miembro de la PGA.
Buscador/Localizador de Documentos del Registro Civil de Paraguay
La Constitución de Paraguay, “ley suprema de la República”, define entre otras cosas el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad de las comunicaciones, a la integridad del patrimonio documental y a la protección de datos. Algunas legislaciones nacionales en materia de vigilancia de las comunicaciones no han cumplido con estos requisitos constitucionales, a través de grandes excepciones creadas para el control del comercio electrónico, la prevención del narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado. Además, la legislación paraguaya no establece obligaciones de transparencia ni mecanismos de control público para la vigilancia que realiza la SENAD, la agencia antidroga de Paraguay.
Veintisiete años después de la caída del régimen autoritario, el país es finalmente una democracia. Sin embargo, las instituciones democráticas que se han puesto en marcha desde la Carta Magna de 1992 siguen siendo débiles.
El resultado es un Estado con mentalidad punitiva; uno que realiza cambios normativos que violan las normas constitucionales, el derecho penal y los principios procesales penales y que socava el derecho internacional de los derechos humanos, además de redefinir el papel de la ley cuando se trata de conflictos sociales.
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La legislación paraguaya garantiza técnicamente la libertad de expresión y de prensa. Los medios de comunicación son independientes y teóricamente libres de criticar al gobierno, aunque los funcionarios políticos suelen demandar a los medios de comunicación por difamación para poner fin a investigaciones indeseables. Los periodistas también son frecuentemente “objeto de acoso, intimidación y violencia – principalmente por parte de bandas de narcotraficantes y sindicatos criminales con base en los departamentos fronterizos con Brasil – debido a sus reportajes”. El gobierno no limita el acceso a Internet ni la libertad de cátedra; la libertad de reunión está restringida, y las manifestaciones sólo se permiten en determinados momentos y lugares. Los paraguayos pueden circular libremente por el país, viajar o trasladarse al extranjero y regresar a Paraguay. El país ha aceptado refugiados políticos, sobre todo de Cuba.