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LOS SECUESTROS SON LA ÚLTIMA OLEADA DE LA CRECIENTE DELINCUENCIA
La independencia de Perú se declaró en 1821. El liderazgo democrático se estableció por primera vez en 1980, en medio de la violenta insurgencia de Sendero Luminoso y las dificultades económicas. El presidente Alberto Fujimori gobernó a partir de 1990 y comenzó a impulsar la mejora económica y la lucha eficaz contra los movimientos guerrilleros. Sin embargo, la creciente dependencia de las tácticas autoritarias combinada con la lucha económica provocó el descontento con su liderazgo y provocó su dimisión en 2000. Un gobierno provisional celebró elecciones en 2001, que llevaron a la presidencia a Alejandro Toledo Manrique. A partir de 2006 Alan García Pérez volvió a ser Presidente, antes de que Ollanta Humala Tasso asumiera el poder a partir de 2011.
El 11 de agosto de 1977, Perú firmó y el 28 de abril de 1978 ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el “Pacto”). Como parte de este Pacto, Perú está obligado a respetar los derechos civiles y políticos contenidos en el mismo. En concreto, el artículo 14 reconoce y protege una serie de derechos procesales del acusado, entre los que se encuentran la igualdad ante la ley; el derecho a un juicio justo y público por un tribunal competente, independiente e imparcial; el derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad; el derecho a la notificación de los cargos; el derecho a un juicio rápido; el derecho a la asistencia letrada; el derecho a interrogar a los testigos de cargo; el derecho a no autoinculparse; el derecho a apelar; y el derecho a no ser juzgado dos veces[2].
Yma Sumac – Gopher Mambo (Capitol Records 1954)
De acuerdo con las leyes peruanas, el consumo o la posesión de sustancias controladas para uso personal no es punible, se estima que el 60% de las detenciones por cargos de drogas están relacionadas con el consumo o la simple posesión. Además, las penas por delitos relacionados con drogas son relativamente altas y desproporcionadas, y atentan contra derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y otras garantías judiciales. La pena por la venta de drogas a pequeña escala es de uno a ocho años de prisión, según el Código Penal.
ProgramasDrogas y DemocraciaEn Perú, el uso tradicional de la hoja de coca es una práctica ancestral que nunca ha sido penalizada. En el país existe un esquema de licencias bajo control estatal, conocido como registro, para el cultivo de la hoja de coca y su distribución a través de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO).
Sin embargo, aunque en las leyes peruanas el consumo o la posesión de sustancias controladas para uso personal no es punible, se estima que el 60 por ciento de las detenciones por cargos de drogas están relacionadas con el consumo o la simple posesión. Además, las penas por delitos relacionados con las drogas son relativamente altas y desproporcionadas, y vulneran derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y otras garantías judiciales. La pena por la venta de drogas a pequeña escala es de entre uno y ocho años de prisión, según el Código Penal.
El líder mundial en falsificación: Los dólares falsos de Lima
El mes pasado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos anunció que había aprobado 152 proyectos de ley para modificar el Código Penal de Perú, incluido uno que incorpora los delitos y principios del Estatuto de Roma. El proyecto de código se someterá ahora a debate en el Congreso antes de ser sometido a votación.
La aprobación del proyecto de código tiene potencialmente grandes consecuencias. El Estatuto de Roma prevé un sistema de justicia complementario, en el que los Estados asumen la jurisdicción primaria y la CPI interviene sólo como “tribunal de última instancia”.
Al incorporar los crímenes del Estatuto de Roma a su código penal, Perú se facultaría para investigar y perseguir los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, además del crimen de agresión.
La sociedad civil peruana -incluidos varios miembros de nuestra Coalición- lleva mucho tiempo pidiendo a los legisladores que implementen el Estatuto de Roma a nivel nacional, impulsando el proceso con funcionarios del gobierno y legisladores.
En las últimas décadas, tres proyectos de ley de implementación diferentes no han logrado avanzar en la comisión de justicia y derechos humanos. Los miembros de la Coalición hicieron una aportación considerable a estos proyectos de ley, incluido el recientemente aprobado.
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El 26 de abril de 2020 escribí en este mismo espacio un artículo titulado “Cuarentena, estado de emergencia, estado de cumplimiento y pandemia en el Perú” en el que describía cómo el coronavirus había afectado el estado de derecho y los derechos humanos en el país. Entre otros puntos, destaqué que, a pesar de nuestras deficiencias institucionales y de la precariedad de nuestro sistema de salud, esta situación excepcional no había dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos ni a infracciones del Estado de Derecho, salvo en casos aislados.
En primer lugar, una crisis política y social sacudió al país, terminando con la destitución del ex presidente de la República, Martín Vizcarra, por un Congreso con segundas intenciones: fue declarado con “incapacidad moral permanente” por presuntos actos de corrupción que cometió cuando era gobernador de Moquegua, región del sur del país, pero la verdadera razón detrás de la determinación de “incapacidad moral permanente” fue que un grupo de parlamentarios quería ocupar su cargo. Esto ralentizó las negociaciones del Estado peruano con los laboratorios médicos internacionales y los esfuerzos para adquirir vacunas contra esta enfermedad, hasta el punto de que el nuevo gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti sólo pudo conseguir la llegada del primer lote de vacunas Sinopharm desde China el 13 de febrero de 2021. En comparación con otros países latinoamericanos, hemos sido de los últimos en poner en marcha una iniciativa de vacunación masiva y asegurar que haya suficientes vacunas para toda la población.