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Mexico laws 2021
This article is evidence of the need to situate debates of federalism, decentralization, centralization and sovereignty in the context of comparative law and family law. Until recently, private and family law scholars have dismissed the issue of federalism. This dismissal has been based on the widespread belief that there is no true federalism in Mexico given the high degree of political and legal centralism that has prevailed in the country. However, further analysis shows that, despite the centralized federal system, states and sub-national jurisdictions have played an equally important role in defining family law policy and federal-state relations. This paper argues that the doctrine of centralism that so permeates the way we think about private law in Mexico is a dangerous narrative that-if not addressed or revised in some way, in terms of the past or the present-can undermine efforts to understand legal change and improve family law in Mexico.
Leyes extrañas en México
El movimiento hacia la Independencia de México comenzó en 1810. En 1814 se expidió la Constitución de Apatzingán. Aunque esta constitución nunca entró en vigor, muchas “ideas que expresaba sirvieron de modelo para futuros cambios”[13] La Constitución de Apatzingán incorporó el derecho natural secular y el derecho positivo secular, que fueron producto de las revoluciones que tuvieron lugar en el mundo occidental en los siglos XVIII y XIX, empezando por la Revolución Americana. El quid del derecho natural secular y del derecho positivo secular es que todos los individuos son creados iguales con derechos naturales a la propiedad, a la libertad y a la vida. Es responsabilidad del gobierno, que debería estar dividido en poderes separados e independientes, reconocer y asegurar estos derechos para el individuo[14] La Declaración de Independencia estadounidense y la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano son ejemplos destacados de la nueva filosofía política de los siglos XVIII y XIX. El fervor nacionalista también formaba parte de la nueva filosofía política.
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Existen varios órganos judiciales federales en México que no forman parte de la estructura de los tribunales federales ordinarios. Los más importantes son el Tribunal Fiscal de la Federación, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Militares. El Tribunal Fiscal es un tribunal administrativo “con jurisdicción sobre las controversias que surgen en materia fiscal entre un individuo y el gobierno”. Las responsabilidades y la estructura del Tribunal Fiscal están cubiertas por el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. Los Tribunales Laborales son competentes para conocer de las demandas de los trabajadores que aleguen la violación de los derechos que les confiere el Código Federal del Trabajo, de los conflictos derivados de la negociación colectiva y de los asuntos relacionados con la huelga. Las responsabilidades y la estructura de los tribunales laborales están contempladas en la Ley Federal del Trabajo. Los Tribunales Militares se ocupan de asuntos militares. Las responsabilidades y la estructura de los Tribunales Militares están cubiertas por la Ley Orgánica de los Tribunales Militares.
Derecho penal mexicano
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A nivel federal, el gobierno se divide en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, elegido por sufragio directo, y el poder legislativo está formado por la Cámara Alta, el Senado, y la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. El poder judicial está encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene jurisdicción de apelación final sobre todos los tribunales estatales y federales. Cada uno de los 31 estados tiene sus propios tribunales civiles y penales.
Las enmiendas a la Constitución, ordenadas por artículos, pueden consultarse en la página web del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El sitio web de la Orden Jurídica Nacional del gobierno también tiene enmiendas y documentos históricos sobre la constitución junto con las constituciones estatales ordenadas alfabéticamente.