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Combinar el servicio
Las personas con discapacidades para la toma de decisiones suelen depender de la familia, los amigos y los proveedores de servicios para que les apoyen en diversos ámbitos de su vida. Normalmente estas redes informales pueden ayudar a la persona a gestionar sus asuntos financieros.
En los casos en los que una persona no tiene una red de apoyo cercana, o las personas que le prestan apoyo requieren una autoridad formal para realizar transacciones financieras, puede ser necesario que se nombre a un administrador.
El Tribunal celebrará una audiencia y decidirá si nombra a un administrador y, en caso afirmativo, qué autoridad tendrá esa persona. El nombramiento de un administrador se considera el último recurso porque elimina el derecho de la persona a tomar decisiones por sí misma.
En las audiencias del tribunal también se considerará si existen alternativas menos restrictivas para ayudar a la persona a gestionar sus finanzas, lo que eliminaría la necesidad de nombrar un administrador. En la mayoría de los casos, se nombran administradores a familiares, amigos o vecinos.
Ministerio de Administración Pública
Según la Oficina de Ética Gubernamental de los Estados Unidos, un designado político es “cualquier empleado nombrado por el Presidente, el Vicepresidente o el jefe de una agencia”[1] En 2016, había alrededor de 4.000 puestos de designación política que una administración entrante debe revisar y cubrir o confirmar, de los cuales unos 1.200 requieren la confirmación del Senado[2][3] La Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca (PPO) es una de las oficinas más responsables de los designados políticos y de la evaluación de los candidatos a trabajar en o para la Casa Blanca[4].
Estos puestos se publican en el Plum Book (oficialmente, el Libro de Políticas y Puestos de Apoyo del Gobierno de los Estados Unidos), cuya nueva edición se publica después de cada elección presidencial de los Estados Unidos[5] La lista la proporciona la Oficina de Gestión de Personal de los Estados Unidos (OPM). La edición de 2020 del Plum Book se publicó el 1 de diciembre de 2020[5].
Según un estudio de 2011, “Estados Unidos tiene un número significativamente mayor de nombramientos políticos que otras democracias desarrolladas”[6] Hay cuatro categorías básicas de nombramientos políticos federales:
Administración del Estado
JUL 2021 – El 22 de julio de 2021, el Consejo ECOSOC de la ONU aprobó la nominación del Secretario General de la ONU, António Guterres, para nombrar a Louis Meuleman por un segundo mandato de 4 años como miembro del Comité de Expertos en Administración Pública (CEPA) de la ONU. El CEPA asesora a la ONU y a sus países miembros sobre la calidad de las instituciones de la administración pública y la gobernanza para lograr los ODS. El Comité está formado por 24 miembros de diferentes países, que son nombrados a título personal, y es un puesto a tiempo parcial. Los 24 miembros designados para el período 2021-2025 se enumeran aquí.
Desarrollo de la administración pública
En las últimas décadas en particular, la legislación laboral de los servicios públicos ha pasado de centrarse en los méritos, derechos y obligaciones de los empleados individuales, a concentrarse en la gestión para obtener los mejores resultados para los clientes de la Administración. Especialmente para los Gobiernos.
No hay razón para que ambos enfoques no coexistan, en beneficio de la comunidad, el Gobierno y el propio servicio público. Debería sorprendernos y decepcionarnos que la comunidad australiana no espere que su administración pública esté libre de nepotismo y de otras formas de favoritismo y discriminación injusta, y que los funcionarios sean nombrados y promovidos sobre la base del mérito evaluado objetivamente, y no del patrocinio personal o ideológico.
Pero también se reconoce cada vez más que la gestión pública es ahora mucho más difícil, compleja y profesionalizada que antes. Un gobierno entrante puede sentirse justificado al nombrar lo que equivale a su propio “equipo de alta dirección” para los principales departamentos y organismos de la administración pública, con el fin de garantizar de la mejor manera posible que, a 30 meses de las próximas elecciones, el rendimiento sea tan bueno como sea posible en estas circunstancias.